Una nueva controversia sacude al Gobierno luego de que el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, denunciara que Irene Vélez —actual ministra encargada de Ambiente— habría recibido beneficios económicos por su salida del servicio exterior, pese a que su nombramiento como cónsul en Londres había sido anulado.
Según Forero, la historia se remonta a mayo de 2025, cuando Vélez dejó de ejercer como cónsul para asumir la dirección de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). El congresista asegura que, en lugar de presentar una renuncia formal, la funcionaria optó por acogerse al “retiro del servicio”, mecanismo que permite solicitar el pago de viáticos y costos de traslado de menaje. Forero advirtió en su momento que esos beneficios podían ascender a más de 90 millones de pesos.
“Si hubiera renunciado, no tenía derecho a esos pagos. Este Gobierno no tiene límites”, dijo el representante cuando hizo pública la denuncia.
De acuerdo con documentos de la Cancillería, el retiro de Vélez fue avalado mediante un decreto que autorizó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a su fondo rotatorio a cubrir los costos de su retorno al país. En respuesta a un derecho de petición del congresista, la entidad confirmó que el 12 de agosto se giró el dinero correspondiente a la exfuncionaria. El monto superaría los 70 millones de pesos adicionales a lo ya recibido.
Forero cuestionó el pago al señalar que, para el momento de la consignación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya había invalidado el nombramiento de Vélez como cónsul. Esa decisión se originó en una demanda presentada por la abogada Ximena Echavarría, quien argumentó que Vélez no cumplía los requisitos de carrera diplomática y que había funcionarios elegibles en lista de espera para ocupar el cargo.
Pese al fallo, el desembolso se hizo efectivo, lo que desató una nueva ola de críticas. “Pensé que no insistiría en esos recursos después de que quedó claro que su designación fue irregular. Me equivoqué”, afirmó el congresista.
La controversia continúa, mientras sectores políticos exigen explicaciones sobre la legalidad de los pagos y la actuación de la Cancillería en medio de un nombramiento que había sido declarado inválido.
