El exsenador Jorge Enrique Robledo lanzó duras críticas contra el Gobierno tras conocerse que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) exigió a Ecopetrol el pago de casi 10 billones de pesos por concepto de IVA en la importación de combustibles desde 2022. A su juicio, esta decisión podría tener consecuencias graves para la estabilidad financiera de la empresa estatal y, por tanto, del país.
Robledo calificó el cobro como un “ataque sin precedentes” contra Ecopetrol y expresó serias dudas de que la Dian haya actuado sin el conocimiento previo del presidente Gustavo Petro ni del ministro de Hacienda, Germán Ávila. “Es insostenible pensar que una medida de tal magnitud —por su impacto económico y por afectar directamente a una de las compañías más estratégicas del Estado— se haya tomado sin el aval del propio jefe de Estado”, dijo.
Según sus declaraciones, de concretarse este cobro, las finanzas de la petrolera quedarían “gravemente comprometidas”, considerando no solo el monto exigido, que podría superar los 9,7 billones de pesos, sino también otros factores que ya venían debilitando a la empresa: el endeudamiento acumulado, la caída del precio internacional del crudo y, en palabras del exsenador, “una administración deficiente encabezada por Ricardo Roa y su junta directiva”.
A la polémica se suma la denuncia del sindicato de Ecopetrol, que ha calificado las decisiones de la Dian como un intento por “estrangular” a la empresa. Incluso han alertado que, de mantenerse este tipo de medidas, se abriría el camino a una eventual privatización, tema históricamente sensible en el país.
Robledo también apuntó a otro frente de preocupación: la compra, por parte de Ecopetrol, de bonos del Gobierno nacional por 7,7 billones de pesos, lo que, según él, representará “pérdidas gigantescas para la empresa” y podría estar motivado por fines políticos. “El Ejecutivo está usando a Ecopetrol como caja menor para cubrir gastos electorales de cara a 2026. Esta es una muestra más del carácter regresivo y peligroso de la visión económica de Petro”, agregó.
El excongresista no ahorró palabras para advertir que estas decisiones responden a un plan articulado desde el poder central para debilitar financieramente a Ecopetrol, desprestigiar su gestión y justificar su venta parcial o total. “Estamos frente a una política que parece diseñada para facilitar la entrega de nuestra mayor empresa pública a intereses privados”, afirmó.
Por su parte, Ecopetrol respondió que ya ha iniciado el proceso jurídico correspondiente ante los tribunales, argumentando que el cobro se basa en una interpretación discutible de las normas tributarias. La empresa aseguró que, si bien acatará las decisiones de los jueces, defenderá su posición con firmeza.
En paralelo, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, enfrenta una denuncia penal ante la Fiscalía General por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de transporte aéreo, lo que agrava el ambiente de tensión alrededor de la estatal.
El cobro de la Dian representa cerca de un tercio del presupuesto de inversión de Ecopetrol para 2025, estimado entre 26 y 28 billones de pesos, y podría alterar drásticamente sus operaciones. Mientras tanto, en la opinión pública crecen las sospechas sobre las verdaderas motivaciones del Gobierno, y voces como la de Robledo siguen exigiendo transparencia.
