Una nueva declaración judicial salpica el trámite de la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, afirmó ante la Fiscalía que parte del dinero desviado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) habría sido entregado al expresidente del Senado, Iván Name, con el propósito de facilitar el avance de varias reformas oficiales, incluida la pensional.
Ortiz aseguró que entregó 3.000 millones de pesos a Name en octubre de 2023, no solo para apoyar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, sino también para que impulsara el trámite de las reformas estructurales del Ejecutivo. Según su testimonio, el dinero fue entregado en dos partes y coordinado con el hijo del congresista, apodado ‘Yuyis’.
Aunque el primer compromiso —la elección de Fernández— se cumplió en cuestión de días, el respaldo a la reforma pensional tardó en concretarse. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Name habría mostrado molestia por supuestas filtraciones sobre el soborno, lo que lo llevó a retrasar el debate de la reforma hasta febrero de 2024. Finalmente, la discusión se programó y la iniciativa fue aprobada en abril, durante una sesión presidida por la vicepresidenta del Senado, María José Pizarro.
La Corte Constitucional ya solicitó a la Fiscalía toda la documentación sobre el caso, incluida la declaración completa de Sandra Ortiz, para analizar si el proceso legislativo de la reforma se vio comprometido por actos de corrupción. El magistrado Vladimir Fernández —cuyo nombramiento habría sido resultado de este acuerdo— es uno de los encargados de estudiar la constitucionalidad del proyecto, lo que ha generado controversia.
El presidente Petro, por su parte, ha negado cualquier participación en estos hechos y afirmó que la reforma fue “engavetada” por Name durante meses. El caso sigue en desarrollo, con posibles implicaciones jurídicas para la validez de las reformas aprobadas en el Congreso.
