La propuesta del presidente Gustavo Petro para realizar una consulta popular sobre su reforma laboral llega al Senado en medio de un ambiente cargado de tensión. Mientras el Gobierno asegura tener parte del respaldo necesario, varios sectores políticos acusan al mandatario de presionar al Congreso con advertencias sobre revocatorias.
Petro ha insistido en que los ciudadanos deben tener la última palabra, especialmente luego de que su iniciativa laboral fuera archivada. Sin embargo, sus declaraciones sobre una supuesta movilización ciudadana contra los senadores opositores han generado molestia en la mayoría de bancadas tradicionales.
El Senado decidirá con al menos 53 votos, y el resultado aún es incierto. Si la propuesta es aprobada, el Gobierno deberá asumir un costo superior a los 700.000 millones de pesos y cumplir con el mínimo del 33 % del censo para que la consulta tenga validez.