La cosa politica

Excontralor Carlos Felipe Córdoba critica duramente la consulta popular: “Colombia no aguanta más improvisación”

El excontralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, lanzó una fuerte crítica al presidente Gustavo Petro por impulsar una consulta popular con un costo estimado de 900 mil millones de pesos, en momentos en que el país atraviesa serias dificultades fiscales.


Una consulta polémica en medio de tensiones políticas y económicas

Córdoba cuestionó duramente la intención del Ejecutivo de llevar a las urnas un paquete de 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral, una propuesta que ya fue rechazada por el Congreso. En su pronunciamiento, el exfuncionario advirtió que Colombia enfrenta una grave crisis económica y calificó la estrategia del Gobierno como un acto de derroche.

“Doce preguntas para malgastar 900 mil millones en un país quebrado, mientras el proyecto del Partido Liberal, que sí protege a los trabajadores, sigue su curso. Este Gobierno no sabe gobernar, pero sí sabe gastar lo que no tenemos”, afirmó Córdoba a través de sus redes sociales.


El camino hacia las urnas: lo que viene

Aunque las preguntas de la consulta ya fueron formuladas por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y del Trabajo, Antonio Sanguino, la radicación oficial está prevista para el 1.º de mayo, fecha en la que el presidente Petro también ha convocado a movilizaciones nacionales por el Día del Trabajo.

Una vez presentada ante el Senado, la propuesta deberá ser analizada y aprobada por la plenaria en un plazo máximo de un mes. Si se supera esta etapa, el país entraría en una campaña de tres meses antes de que se realice la consulta.


¿Qué debe pasar para que sea válida?

Para que el mecanismo tenga validez, la consulta deberá lograr una participación mínima de al menos 13 millones de votantes. Solo en ese caso, las preguntas aprobadas por la ciudadanía regresarían al Congreso, donde se tendría que tramitar la respectiva reglamentación legislativa.

Este proceso ha generado amplio debate, no solo por su costo económico, sino también por su viabilidad jurídica y política, especialmente en un momento de polarización y alta incertidumbre institucional.


Contexto: más tensiones entre el Gobierno y la oposición

La iniciativa también ha avivado los enfrentamientos entre el presidente y varios sectores políticos, como el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, a quien Petro acusó recientemente de “burlarse del Gobierno desde su posición en el Congreso”.


Mientras tanto, voces como la de Córdoba insisten en que los recursos del Estado deben priorizarse en necesidades sociales urgentes, y no en ejercicios políticos que, según él, no ofrecen soluciones concretas para los ciudadanos.

Salir de la versión móvil